Miércoles , diciembre 13 2017
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La delincuencia a su máximo auge; Ley de Seguridad Interior plan fallido para combatirla

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Periódico SUPREMO.-  Los elevados índices de robo que se registran en todo el país, sumado a los de los homicidios dolosos, es lo que hace que organizaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) consideren ya el 2017 como uno de los años más violentos de la historia reciente del país, superando (por mucho)  las marcas del 2011.

El problema de violencia en México es que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto,  las estadísticas han despuntado, por lo que pensar en una ley que persigue con las fuerzas armadas, además del orden interno, “velar por la observancia del orden y paz público, así como por la seguridad de los ciudadanos y sus bienes”, es completamente absurdo.

En este sexenio las ejecuciones extrajudiciales han creado escándalos internacionales, como por ejemplo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que 15 de los 22 muertos en Tlatlaya, Estado de México, fueron ejecutados por las fuerzas federales, a pesar de estar rendidas. O el caso de la represión en Nochixtlán, Oaxaca, donde los elementos de la llamada Gendarmería Nacional, adscrita a la Policía Federal, son sospechosos de haber disparado a población civil desarmada.

Sin duda, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por la Cámara de Diputados y, previsiblemente por el Senado, implica la utilización del Ejército para fines de seguridad pública y mantenimiento de la paz social, esto en el contexto de las próximas elecciones 2018 y de la inconformidad ciudadana que ha venido creciendo durante los últimos años.

Y es que haciendo un recuento, desde que Felipe Calderón, en 2006  sacó a los militares de los cuarteles para combatir al narcotráfico, la violencia se incrementó y se ha traducido en el aumento de víctimas, sin que hasta el momento se obtenga la paz prometida.

Aunque se previó la necesidad de tener una Ley de Seguridad Interior que, de acuerdo a la propuesta ya aprobada, busca el restablecimiento del orden interno ante cualquier amenaza como el terrorismo, crimen organizado, drogas, corrupción, lavado de activos, tráfico ilícito de armas, ataques cibernéticos, trata de personas, desastres naturales y de origen humano; la iniciativa de Peña Nieto, en seis capítulos y 31 artículos, mantiene a la Ley de Seguridad Interior, como vertiente de la Ley de Seguridad Nacional, lo que implica la posibilidad de que el presidente la de República pueda hacer uso de la totalidad de la Fuerza Armada (Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea) para hacer “frente a fenómenos que impacten al orden interno”.

Expertos insisten que la aprobación de este ordenamiento es la legitimación de la fuerza militar y policiaca para sofocar cualquier movimiento de inconformidad social, aunque también hay quienes señalan que los únicos que se han beneficiado de esta espiral de violencia y de la reiterada creencia en la militarización de la seguridad pública, son las grandes empresas contratistas o proveedoras de armamento, equipamiento y servicios para la Sedena y la Secretaría de Marina.

Para muestra un botón: de 2007 a 2017 el presupuesto de la Secretaría de la Defensa creció en más de 110 por ciento: pasó de 32 mil millones de pesos a 69 mil 407 millones de pesos para este año. El de la Secretaría de Marina se disparó de 10 mil 951 millones de pesos en 2007, a 26 mil 336 millones de pesos.

La inversión en armamento y equipamiento militar ha sido altamente privilegiada. En los tres primeros años de este sexenio se erogaron dos mil 35 millones de dólares en armamento y equipo obtenido de Estados Unidos, algo equivalente a 28 mil 560 millones de pesos.

Lo que significa también que esta Ley permite a las fuerzas federales, incluyendo a las armadas, intervenir contra protestas sociales, cuando consideren que pueden no ser pacíficas.

De cara a estos hechos, sólo se puede vislumbrar que en vísperas de un proceso electoral complicado y polarizado como el de 2018, una ley de este tipo podría beneficiar una situación de miedo y precariedad, donde no se da paso a la democracia, sino a la militarización de México, lo que generará temor en la sociedad civil.

#LoQueDebesSaber
La iniciativa de la Ley de Seguridad Interna fue impulsada por el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, el 27 de octubre de 2016, en conjunto con la diputada Martha Sofía Tamayo, del mismo partido.

El pleno de la Cámara de Diputados la aprobó con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones; lo que significa que 183 votos los emitió el PRI, 14 del PAN, 2 del PRD35 del Partido Verde, 9 de Nueva Alianza, 4 del Partido Encuentro Social y 1 de un diputado sin partido. Las 48 abstenciones fueron de los diputados panistas.

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