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Comunidad indígena en Guerrero logra amparo ante explotación minera

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Periódico SUPREMO.-  En el municipio guerrerense de Malinaltepec, la comunidad me’phaa (tlapaneca) de San Miguel el Progreso, o Júba Wajiín, triunfó literalmente sobre el proyecto minero Corazón de Tinieblas mediante una fallo legal de trascendencia nacional.

Al sentenciar en favor del amparo y la protección judicial demandada por dicha comunidad contra la explotación minera, en ese territorio de la Montaña de Guerrero, la jueza primera de distrito Estela Platero Salgado dio por esencialmente fundados los conceptos de violación de sus derechos, y que se demostró el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena-agraria.

De acuerdo con el presidente de la comisión de bienes comunales de Júba Wajiín, describe la espiral extractivista que comenzó a cernirse sobre esa y otras comunidades vecinas desde 2010: Primero, puros rumores de que iban a poner minas, sin ninguna notificación del gobierno. Fueron los últimos en saber lo que pretendían hacer con sus tierras.

Les dijeron que estaban concesionadas por la Secretaría de Economía (SE). El comisariado investigó y la SE tardó un año en dar respuesta, diciéndonos que sí, era cierto. En 2011 una acta de la asamblea rechazó la minería y la presentó a la autoridad agraria. Nos arrimamos a Tlachinollan (centro de derechos humanos con sede en la ciudad de Tlapa), y en 2013 se interpuso su primer amparo.

Miguel Santiago Lorenzo, representante ñuu savi (mixteco), quien preside el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, dijo que siguen vigentes las concesiones San Javier, La Diana y Toro Rojo en tierras de Iliatenco y Malinaltepec, otorgadas a Hochschild Mining y Camsim Minas. En el Consejo seguiremos vigilantes de lo que pretenda hacer el gobierno.

Como excepción, en el núcleo agrario me’phaa de Paraje Montero (Malinaltepec) la asamblea dio anuencia a la empresa Camsim. Totomixtlahuaca (Tlacoapa), Colombia de Guadalupe y Ojo de Agua (Malinaltepec) y los bienes comunales de Iliatenco rechazaron los proyectos y anunciaron que harían lo posible para que la explotación fuera cancelada.

Maribel González Pedro, defensora de Tlachinollan, recuerda que en 2011 hubo sobrevuelos de exploración sobre esa área. La SE y el gobierno estatal propalaron que en Guerrero el potencial minero representaba un gran atractivo para la inversión nacional y extranjera. Cabe mencionar que en 2008 la empresa Goldcorp ocupó Carrizalillo (municipio Eduardo Neri) para una suculenta extracción de oro. Hoy, la zona de Carrizalillo padece una fuerte presencia de organizaciones criminales, uno de los efectos secundarios de la minería.

Cabe destacar que Tlachinollan destaca que la sentencia dictada por la jueza en el amparo 429/2016, es un logro inédito para una comunidad indígena y un reconocimiento a la lucha incansable y milenaria de San Miguel el Progreso por defender su territorio y su vida frente a la amenaza que representa la minería a cielo abierto. Por primera vez, un juzgado federal ordena que, si la SE pretendiera otorgar ahí nuevas concesiones mineras, deberá cumplir con su obligación constitucional y convencional en materia de derechos de los pueblos indígenas.

 

Información de: La Jornada

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